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LEY
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (B.O.E. 269,10-11-1995) ÍNDICE Objeto, ámbito de aplicación y definiciones Artículo
1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales. Artículo
2. Objeto y carácter de la norma. Artículo
3. Ámbito de aplicación Artículo
4. Definiciones Política en materia de prevención de riesgos
para proteger la seguridad y la salud en el trabajo Artículo
5. Objetivos de la política Artículo
6. Normas reglamentarias Artículo
7. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia
laboral Artículo
8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Artículo
9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social Artículo
10. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia
sanitaria Artículo
11. Coordinación administrativa Artículo
12. Participación de empresarios y trabajadores Artículo
13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Derechos y obligaciones Artículo
14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales Artículo
15. Principios de la acción preventiva Artículo
16. Evaluación de los riesgos Artículo
17. Equipos de trabajo y medios de protección Artículo
18. Información, consulta y participación de los trabajadores Artículo
19. Formación de los trabajadores Artículo
20. Medidas de emergencia Artículo
21. Riesgo grave e inminente Artículo
22. Vigilancia de la salud Artículo
23. Documentación Artículo
24. Coordinación de actividades empresariales Artículo
25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados
riesgos Artículo
26. Protección de la maternidad Artículo
27. Protección de los menores Artículo
28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas
de trabajo temporal Artículo
29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos
Servicios de prevención Artículo
30. Protección y prevención de riesgos profesionales Artículo
31. Servicios de prevención Artículo
32. Actuación preventiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales Consulta y participación de los trabajadores Artículo
33. Consulta de los trabajadores Artículo
34. Derechos de participación y representación Artículo
35. Delegados de Prevención Artículo
36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención Artículo
37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención Artículo
38. Comité de Seguridad y Salud Artículo
39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud Artículo
40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Obligaciones de los fabricantes, importadores
y suministradores Artículo
41. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores Responsabilidades y sanciones Artículo
42. Responsabilidades y su compatibilidad Artículo
43. Requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Artículo
44. Paralización de trabajos Artículo
45. Infracciones administrativas Artículo
46. Infracciones leves Artículo
47. Infracciones graves Artículo
48. Infracciones muy graves Artículo
49. Sanciones Artículo
50. Reincidencia Artículo
51. Prescripción de las infracciones Artículo
52. Competencias sancionadoras Artículo
53. Suspensión o cierre del centro de trabajo Artículo
54. Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración Primera
Definiciones a efectos de Seguridad Social Segunda
Reordenación orgánica Tercera
Carácter básico Cuarta
Designación de Delegados de Prevención en supuestos especiales Quinta
Fundación Sexta
Constitución de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Séptima
Cumplimiento de la normativa de transporte de mercancías peligrosas Octava
Planes de organización de actividades preventivas Novena
Establecimientos militares Décima
Sociedades cooperativas Undécima
Modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de permisos retribuidos
Duodécima
Participación institucional de las Comunidades Autónomas Decimotercera
Fondo de Prevención y Rehabilitación Primera
Aplicación de disposiciones más favorables Segunda
Única
Alcance de la derogación Primera
Actualización de sanciones Segunda
Entrada en vigor 1.El
artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos,
como uno de los principios rectores de la política social y económica,
velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Este mandato constitucional
conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la
salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados
de su trabajo y encuentra en la presente Ley su pilar fundamental. En
la misma se configura el marco general en el que habrán de desarrollarse
las distintas acciones preventivas, en coherencia con las decisiones de
la Unión Europea que ha expresado su ambición de mejorar progresivamente
las condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de progreso con
una armonización paulatina de esas condiciones en los diferentes países
europeos. De
la presencia de España en la Unión Europea se deriva, por consiguiente,
la necesidad de armonizar nuestra política con la naciente política comunitaria
en esta materia, preocupada, cada vez en mayor medida, por el estudio
y tratamiento de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Buena
prueba de ello fue la modificación del Tratado constitutivo de la Comunidad
Económica Europea por la llamada Acta Única, a tenor de cuyo artículo
118 A) los Estados miembros vienen, desde su entrada en vigor, promoviendo
la mejora del medio de trabajo para conseguir el objetivo antes citado
de armonización en el progreso de las condiciones de seguridad y salud
de los trabajadores. Este objetivo se ha visto reforzado en el Tratado
de la Unión Europea mediante el procedimiento que en el mismo se contempla
para la adopción, a través de Directivas, de disposiciones mínimas que
habrán de aplicarse progresivamente. Consecuencia
de todo ello ha sido la creación de un acervo jurídico europeo sobre protección
de la salud de los trabajadores en el trabajo. De las Directivas que lo
configuran, la más significativa es, sin duda, la 89/391/CEE, relativa
a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad
y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco
jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria.
La
presente Ley transpone al derecho español la citada Directiva, al tiempo
que incorpora al que será nuestro cuerpo básico en esta materia disposiciones
de otras Directivas cuya materia exige o aconseja la transposición en
una norma de rango legal, como son las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE
y 91/383/CEE, relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes
y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración
determinada y en empresas de trabajo temporal. Así
pues, el mandato constitucional contenido en el artículo 40.2. de nuestra
ley de leyes y la comunidad jurídica establecida por la Unión Europea
en esta materia configuran el soporte básico en que se asienta la presente
Ley. Junto a ello, nuestros propios compromisos contraídos con la Organización
Internacional del Trabajo a partir de la ratificación del Convenio 155,
sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo,
enriquecen el contenido del texto legal al incorporar sus prescripciones
y darles el rango legal adecuado dentro de nuestro sistema jurídico. 2
Pero no es sólo del mandato constitucional y de los compromisos internacionales
del Estado español de donde se deriva la exigencia de un nuevo enfoque
normativo. Dimana también, en el orden interno, de una doble necesidad:
la de poner término, en primer lugar, a la falta de una visión unitaria
en la política de prevención de riesgos laborales propia de la dispersión
de la normativa vigente, fruto de la acumulación en el tiempo de normas
de muy diverso rango y orientación, muchas de ellas anteriores a la propia
Constitución española; y, en segundo lugar, la de actualizar regulaciones
ya desfasadas y regular situaciones nuevas no contempladas con anterioridad.
Necesidades éstas que, si siempre revisten importancia, adquieren especial
trascendencia cuando se relacionan con la protección de la seguridad y
la salud de los trabajadores en el trabajo, la evolución de cuyas condiciones
demanda la permanente actualización de la normativa y su adaptación a
las profundas transformaciones experimentadas. 3
Por todo ello, la presente Ley tiene por objeto la determinación del cuerpo
básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado
nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el marco de una política
coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.
A
partir del reconocimiento del derecho de los trabajadores en el ámbito
laboral a la protección de su salud e integridad, la Ley establece las
diversas obligaciones que, en el ámbito indicado, garantizarán este derecho,
así como las actuaciones de las Administraciones públicas que puedan incidir
positivamente en la consecución de dicho objetivo. Al
insertarse esta Ley en el ámbito específico de las relaciones laborales,
se configura como una referencia legal mínima en un doble sentido: el
primero, como Ley que establece un marco legal a partir del cual las normas
reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de
las medidas preventivas; y, el segundo, como soporte básico a partir del
cual la negociación colectiva podrá desarrollar su función específica.
En este aspecto, la Ley y sus normas reglamentarias constituyen legislación
laboral, conforme al artículo 149.1.7» de la Constitución. Pero,
al mismo tiempo -y en ello radica una de las principales novedades de
la Ley-, esta norma se aplicará también en el ámbito de las Administraciones
públicas, razón por la cual la Ley no solamente posee el carácter de legislación
laboral sino que constituye, en sus aspectos fundamentales, norma básica
del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictada al amparo
de lo dispuesto en el artículo 149.1.18» de la Constitución. Con ello
se confirma también la vocación de universalidad de la Ley, en cuanto
dirigida a abordar, de manera global y coherente, el conjunto de los problemas
derivados de los riesgos relacionados con el trabajo, cualquiera que sea
el ámbito en el que el trabajo se preste. En
consecuencia, el ámbito de aplicación de la Ley incluye tanto a los trabajadores
vinculados por una relación laboral en sentido estricto, como al personal
civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio
de las Administraciones públicas, así como a los socios trabajadores o
de trabajo de los distintos tipos de cooperativas, sin más exclusiones
que las correspondientes, en el ámbito de la función pública, a determinadas
actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero, peritaje forense
y protección civil cuyas particularidades impidan la aplicación de la
Ley, la cual inspirará, no obstante, la normativa específica que se dicte
para salvaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores en dichas
actividades; en sentido similar, la Ley prevé su adaptación a las características
propias de los centros y establecimientos militares y de los establecimientos
penitenciarios. 4
La política en materia de prevención de riesgos laborales, en cuanto conjunto
de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la
mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección
de la salud y la seguridad de los trabajadores, se articula en la Ley
en base a los principios de eficacia, coordinación y participación, ordenando
tanto la actuación de las diversas Administraciones públicas con competencias
en materia preventiva, como la necesaria participación en dicha actuación
de empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones representativas.
En este contexto, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
que se crea se configura como un instrumento privilegiado de participación
en la formulación y desarrollo de la política en materia preventiva. Pero
tratándose de una Ley que persigue ante todo la prevención, su articulación
no puede descansar exclusivamente en la ordenación de las obligaciones
y responsabilidades de los actores directamente relacionados con el hecho
laboral. El propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante
la promoción de la mejora de la educación en dicha materia en todos los
niveles educativos, involucra a la sociedad en su conjunto y constituye
uno de los objetivos básicos y de efectos quizás más transcendentes para
el futuro de los perseguidos por la presente Ley. 5
La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una
actuación en la empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un
conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones
empresariales y, más aún, la simple corrección a posteriori de situaciones
de riesgo ya manifestadas. La planificación de la prevención desde el
momento mismo del diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial
de los riesgos inherentes al trabajo y su actualización periódica a medida
que se alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto coherente
y globalizador de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza
de los riesgos detectados y el control de la efectividad de dichas medidas
constituyen los elementos básicos del nuevo enfoque en la prevención de
riesgos laborales que la Ley plantea. Y, junto a ello, claro está, la
información y la formación de los trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento
tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo como de la
forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades
de cada centro de trabajo, a las características de las personas que en
él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que realizan.
Desde
estos principios se articula el capítulo III de la Ley, que regula el
conjunto de derechos y obligaciones derivados o correlativos del derecho
básico de los trabajadores a su protección, así como, de manera más específica,
las actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia o en caso de
riesgo grave e inminente, las garantías y derechos relacionados con la
vigilancia de la salud de los trabajadores, con especial atención a la
protección de la confidencialidad y el respeto a la intimidad en el tratamiento
de estas actuaciones, y las medidas particulares a adoptar en relación
con categorías específicas de trabajadores, tales como los jóvenes, las
trabajadoras embarazadas o que han dado a luz recientemente y los trabajadores
sujetos a relaciones laborales de carácter temporal. Entre
las obligaciones empresariales que establece la Ley, además de las que
implícitamente lleva consigo la garantía de los derechos reconocidos al
trabajador, cabe resaltar el deber de coordinación que se impone a los
empresarios que desarrollen sus actividades en un mismo centro de trabajo,
así como el de aquellos que contraten o subcontraten con otros la realización
en sus propios centros de trabajo de obras o servicios correspondientes
a su actividad de vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas
de la normativa de prevención. Instrumento
fundamental de la acción preventiva en la empresa es la obligación regulada
en el capítulo IV de estructurar dicha acción a través de la actuación
de uno o varios trabajadores de la empresa específicamente designados
para ello, de la constitución de un servicio de prevención o del recurso
a un servicio de prevención ajeno a la empresa. De esta manera, la Ley
combina la necesidad de una actuación ordenada y formalizada de las actividades
de prevención con el reconocimiento de la diversidad de situaciones a
las que la Ley se dirige en cuanto a la magnitud, complejidad e intensidad
de los riesgos inherentes a las mismas, otorgando un conjunto suficiente
de posibilidades, incluida la eventual participación de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, para organizar de
manera racional y flexible el desarrollo de la acción preventiva, garantizando
en todo caso tanto la suficiencia del modelo de organización elegido,
como la independencia y protección de los trabajadores que, organizados
o no en un servicio de prevención, tengan atribuidas dichas funciones.
6
El capítulo V regula, de forma detallada, los derechos de consulta y participación
de los trabajadores en relación con las cuestiones que afectan a la seguridad
y salud en el trabajo. Partiendo del sistema de representación colectiva
vigente en nuestro país, la Ley atribuye a los denominados Delegados de
Prevención -elegidos por y entre los representantes del personal en el
ámbito de los respectivos órganos de representación- el ejercicio de las
funciones especializadas en materia de prevención de riesgos en el trabajo,
otorgándoles para ello las competencias, facultades y garantías necesarias.
Junto a ello, el Comité de Seguridad y Salud, continuando la experiencia
de actuación de una figura arraigada y tradicional de nuestro ordenamiento
laboral, se configura como el órgano de encuentro entre dichos representantes
y el empresario para el desarrollo de una participación equilibrada en
materia de prevención de riesgos. Todo
ello sin perjuicio de las posibilidades que otorga la Ley a la negociación
colectiva para articular de manera diferente los instrumentos de participación
de los trabajadores, incluso desde el establecimiento de ámbitos de actuación
distintos a los propios del centro de trabajo, recogiendo con ello diferentes
experiencias positivas de regulación convencional cuya vigencia, plenamente
compatible con los objetivos de la Ley, se salvaguarda a través de la
disposición transitoria de ésta. 7
Tras regularse en el capítulo VI las obligaciones básicas que afectan
a los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos,
productos y útiles de trabajo, que enlazan con la normativa comunitaria
de mercado interior dictada para asegurar la exclusiva comercialización
de aquellos productos y equipos que ofrezcan los mayores niveles de seguridad
para los usuarios, la Ley aborda en el capítulo VII la regulación de las
responsabilidades y sanciones que deben garantizar su cumplimiento, incluyendo
la tipificación de las infracciones y el régimen sancionador correspondiente.
Finalmente,
la disposición adicional quinta viene a ordenar la creación de una fundación,
bajo el protectorado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con
participación, tanto de las Administraciones públicas como de las organizaciones
representativas de empresarios y trabajadores, cuyo fin primordial será
la promoción, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, de actividades
destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Para permitir a la fundación el desarrollo de sus actividades, se dotará
a la misma por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de un
patrimonio procedente del exceso de excedentes de la gestión realizada
por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Con
ello se refuerzan, sin duda, los objetivos de responsabilidad, cooperación
y participación que inspiran la Ley en su conjunto. 8
El proyecto de Ley, cumpliendo las prescripciones legales sobre la materia,
ha sido sometido a la consideración del Consejo Económico y Social, del
Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. LEY
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Objeto, ámbito de aplicación
y definiciones Artículo 1. Normativa sobre prevención
de riesgos laborales. La
normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la
presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas
otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas
a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles
de producirlas en dicho ámbito. Artículo 2. Objeto y carácter de la
norma. 1.
La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los
trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las
actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
A
tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a
la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad
y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del
trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la
formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados
en la presente disposición. Para
el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones
a desarrollar por las Administraciones públicas, así como por los empresarios,
los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 2.
Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus
normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario
mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios
colectivos. Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1.
Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito
de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter
administrativo o estatutario del personal civil al servicio de las Administraciones
públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la
presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumplimiento
de las obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, importadores
y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse
para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades
cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de
aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación
de su trabajo personal, con las particularidades derivadas de su normativa
específica. Cuando
en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se
entenderán también comprendidos en estos términos, respectivamente, de
una parte, el personal civil con relación de carácter administrativo o
estatutario y la Administración pública para la que presta servicios,
en los términos expresados en la disposición adicional tercera de esta
Ley, y de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo
anterior y las sociedades cooperativas para las que prestan sus servicios.
2.
La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades
lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de : -
Policía, seguridad y resguardo aduanero. -
Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos
de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. No
obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para
regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que
prestan sus servicios en las indicadas actividades. 3.
En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto
en la presente Ley, con las particularidades previstas en su normativa
específica. En
los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas
actividades cuyas características justifiquen una regulación especial,
lo que se llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990,
de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación
de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. 4.
La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter
especial del servicio del hogar familiar. No obstante lo anterior, el
titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de
sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
Artículo 4. Definiciones. A
efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen: 1º.
Se entenderá por "prevención" el conjunto de actividades o medidas
adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con
el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 2º.
Se entenderá como "riesgo laboral" la posibilidad de que un
trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar
un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente
la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 3º.
Se considerarán como "daños derivados del trabajo" las enfermedades,
patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 4º.
Se entenderá como "riesgo laboral grave e inminente" aquel que
resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato
y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. En
el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a
la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave
e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un
futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse
daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma
inmediata. 5º.
Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos
"potencialmente peligrosos" aquellos que, en ausencia de medidas
preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud
de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. 6º.
Se entenderá como "equipo de trabajo" cualquier máquina, aparato,
instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 7º.
Se entenderá como "condición de trabajo" cualquier característica
del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación
de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente
incluidas en esta definición: a)
Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,
productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. b)
La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes
en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones
o niveles de presencia. c)
Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente
que influyan en la generación de los riesgos mencionados. d)
Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas
a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos
a que esté expuesto el trabajador. 8º.
Se entenderá por "equipo de protección individual" cualquier
equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su
salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado
a tal fin. Política en materia
de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Artículo 5. Objetivos de la política.
1.
La política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de
la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
Dicha
política se llevará a cabo por medio de las normas reglamentarias y de
las actuaciones administrativas que correspondan y, en particular, las
que se regulan en este capítulo, que se orientarán a la coordinación de
las distintas Administraciones públicas competentes en materia preventiva
y a que se armonicen con ellas las actuaciones que conforme a esta Ley
correspondan a sujetos públicos y privados, a cuyo fin: a)
La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y las Entidades que integran la Administración local se prestarán
cooperación y asistencia para el eficaz ejercicio de sus respectivas competencias
en el ámbito de lo previsto en este artículo. b)
La elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la participación
de los empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones
empresariales y sindicales más representativas. 2.
A los fines previstos en el apartado anterior las Administraciones públicas
promoverán la mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes
niveles de enseñanza y de manera especial en la oferta formativa correspondiente
al sistema nacional de cualificaciones profesionales, así como la adecuación
de la formación de los recursos humanos necesarios para la prevención
de los riesgos laborales. En
el ámbito de la Administración General del Estado se establecerá una colaboración
permanente entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los Ministerios
que correspondan, en particular los de Educación y Ciencia y Sanidad y
Consumo, al objeto de establecer los niveles formativos y especializaciones
idóneas, así como la revisión permanente de estas enseñanzas, con el fin
de adaptarlas a las necesidades existentes en cada momento. 3.
Del mismo modo, las Administraciones públicas fomentarán aquellas actividades
desarrolladas por los sujetos a que se refiere el apartado 1 del artículo
segundo, en orden a la mejora de las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo y la reducción de los riesgos laborales, la investigación
o fomento de nuevas formas de protección y la promoción de estructuras
eficaces de prevención. Para
ello podrán adoptar programas específicos dirigidos a promover la mejora
del ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección.
Los programas podrán instrumentarse a través de la concesión de los incentivos
que reglamentariamente se determinen que se destinarán especialmente a
las pequeñas y medianas empresas. Artículo 6. Normas reglamentarias. 1.
El Gobierno, a través de las correspondientes normas reglamentarias y
previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas,
regulará las materias que a continuación se relacionan: a)
Requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. b)
Limitaciones o prohibiciones que afectarán a las operaciones, los procesos
y las exposiciones laborales a agentes que entrañen riesgos para la seguridad
y la salud de los trabajadores. Específicamente podrá establecerse el
sometimiento de estos procesos u operaciones a trámites de control administrativo,
así como, en el caso de agentes peligrosos, la prohibición de su empleo.
c)
Condiciones o requisitos especiales para cualquiera de los supuestos contemplados
en el apartado anterior, tales como la exigencia de un adiestramiento
o formación previa o la elaboración de un plan en el que se contengan
las medidas preventivas a adoptar. d)
Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores,
normalización de metodologías y guías de actuación preventiva. e)
Modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios
de prevención, considerando las peculiaridades de las pequeñas empresas
con el fin de evitar obstáculos innecesarios para su creación y desarrollo,
así como capacidades y aptitudes que deban reunir los mencionados servicios
y los trabajadores designados para desarrollar la acción preventiva. f)
Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos especialmente
peligrosos, en particular si para los mismos están previstos controles
médicos especiales, o cuando se presenten riesgos derivados de determinadas
características o situaciones especiales de los trabajadores. g)
Procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales, así como
requisitos y procedimientos para la comunicación e información a la autoridad
competente de los daños derivados del trabajo. 2.
Las normas reglamentarias indicadas en el apartado anterior se ajustarán,
en todo caso, a los principios de política preventiva establecidos en
esta Ley, mantendrán la debida coordinación con la normativa sanitaria
y de seguridad industrial y serán objeto de evaluación y, en su caso,
de revisión periódica, de acuerdo con la experiencia en su aplicación
y el progreso de la técnica. Artículo 7. Actuaciones de las Administraciones
públicas competentes en materia laboral. 1.
En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones
públicas competentes en materia laboral desarrollarán funciones de promoción
de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento
por los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación de la normativa
de prevención de riesgos laborales, y sancionarán las infracciones a dicha
normativa, en los siguientes términos: a)
Promoviendo la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los órganos
técnicos en materia preventiva, incluidas la asistencia y cooperación
técnica, la información, divulgación, formación e investigación en materia
preventiva, así como el seguimiento de las actuaciones preventivas que
se realicen en las empresas para la consecución de los objetivos previstos
en esta Ley. b)
Velando por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales mediante las actuaciones de vigilancia y control. A estos efectos,
prestarán el asesoramiento y la asistencia técnica necesarios para el
mejor cumplimiento de dicha normativa y desarrollarán programas específicos
dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control. c)
Sancionando el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la
presente Ley, con arreglo a lo previsto en el capítulo VII de la misma.
2.
Las funciones de las Administraciones públicas competentes en materia
laboral que se señalan en el apartado 1 continuarán siendo desarrolladas,
en lo referente a los trabajos en minas, canteras y túneles que exijan
la aplicación de técnica minera, a los que impliquen fabricación, transporte,
almacenamiento, manipulación y utilización de explosivos o el empleo
de energía nuclear, por los órganos específicos contemplados en su normativa
reguladora. Las
competencias previstas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio
de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones
industriales. Artículo 8. Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo. 1.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano
científico técnico especializado de la Administración General del Estado
que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las
mismas. Para ello establecerá la cooperación necesaria con los órganos
de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia. El
Instituto, en cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones:
a)
Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el
desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional.
b)
Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información,
investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos
laborales, con la adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con
los órganos técnicos en materia preventiva de la Comunidades Autónomas
en el ejercicio de sus funciones en esta materia. c)
Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en el cumplimiento de su función de vigilancia y control, prevista
en el artículo 9 de la presente Ley, en el ámbito de las Administraciones
públicas. d)
Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas
de cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación
de las Comunidades Autónomas. e)
Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines
y le sean encomendadas en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo regulada en el
artículo 13 de esta Ley, con la colaboración, en su caso, de los órganos
técnicos de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.
2.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el marco
de sus funciones, velará por la coordinación, apoyará el intercambio de
información y las experiencias entre las distintas Administraciones públicas
y especialmente fomentará y prestará apoyo a la realización de actividades
de promoción de la seguridad y de la salud por las Comunidades Autónomas.
Asimismo,
prestará, de acuerdo con las Administraciones competentes, apoyo técnico
especializado en materia de certificación, ensayo y acreditación. 3.
En relación con las Instituciones de la Unión Europea, el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo actuará como centro de referencia
nacional, garantizando la coordinación y transmisión de la información
que deberá facilitar a escala nacional, en particular respecto a la Agencia
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su Red. 4.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ejercerá la
Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, prestándole la asistencia técnica y científica necesaria para
el desarrollo de sus competencias. Artículo 9. Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. 1.
Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de
la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
En
cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones: a)
Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales,
así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones
de trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la calificación
directa de normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral competente
la sanción correspondiente, cuando comprobase una infracción a la normativa
sobre prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el
capítulo VII de la presente Ley. b)
Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera
más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.
c)
Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las
demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales. d)
Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales,
muy graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por sus características
o por los sujetos afectados, se considere necesario dicho informe, así
como sobre las enfermedades profesionales en las que concurran dichas
calificaciones y, en general, en los supuestos en que aquélla lo solicite
respecto del cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención
de riesgos laborales. e)
Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por
los servicios de prevención establecidos en la presente ley. f)
Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector,
se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad
o salud de los trabajadores. 2.
La Administración General del Estado y, en su caso, las Administraciones
Autonómicas podrán adoptar las medidas precisas para garantizar la colaboración
pericial y el asesoramiento técnico necesarios a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social en sus respectivos ámbitos de competencia. En
el ámbito de la Administración general del Estado, el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo apoyará y colaborará con la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de su función de vigilancia
y control prevista en el apartado anterior. Artículo 10. Actuaciones de las Administraciones
públicas competentes en materia sanitaria. Las
actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria
referentes a la salud laboral se llevarán a cabo a través de las acciones
y en relación con los aspectos señalados en el capítulo IV del Título
I de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y disposiciones
dictadas para su desarrollo. En
particular, corresponderá a las Administraciones públicas citadas: a)
El establecimiento de medios adecuados para la evaluación y control de
las actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las empresas
por los servicios de prevención actuantes. Para ello, establecerán las
pautas y protocolos de actuación, oídas las sociedades científicas, a
los que deberán someterse los citados servicios. b)
La implantación de sistemas de información adecuados que permitan la elaboración,
junto con las autoridades laborales competentes, de mapas de riesgos laborales,
así como la realización de estudios epidemiológicos para la identificación
y prevención de las patologías que puedan afectar a la salud de los trabajadores,
así como hacer posible un rápido intercambio de información. c)
La supervisión de la formación que, en materia de prevención y promoción
de la salud laboral, deba recibir el personal sanitario actuante en los
servicios de prevención autorizados. d)
La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas
relacionados con la salud de los trabajadores. Artículo 11. Coordinación administrativa.
La
elaboración de normas preventivas y el control de su cumplimiento, la
promoción de la prevención, la investigación y la vigilancia epidemiológica
sobre riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
determinan la necesidad de coordinar las actuaciones de las Administraciones
competentes en materia laboral, sanitaria y de industria para una más
eficaz protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. En
el marco de dicha coordinación, la Administración competente en materia
laboral velará, en particular, para que la información obtenida por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de las funciones
atribuidas a la misma en el apartado 1 del artículo 9 de esta Ley sea
puesta en conocimiento de la autoridad sanitaria competente a los fines
dispuestos en el artículo 10 de la presente Ley y en el artículo 21 de
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, así como de la Administración
competente en materia de industria a los efectos previstos en la Ley 21/1992,
de 16 de julio, de Industria. Artículo 12. Participación de empresarios
y trabajadores.
La
participación de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas, en la planificación, programación,
organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las
condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud de los
trabajadores en el trabajo es principio básico de la política de prevención
de riesgos laborales, a desarrollar por las Administraciones públicas
competentes en los distintos niveles territoriales. Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo. 1.
Se crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como órgano
colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de
las políticas de prevención y órgano de participación institucional en
materia de seguridad y salud en el trabajo. 2.
La Comisión estará integrada por un representante de cada una de las Comunidades
Autónomas y por igual número de miembros de la Administración General
del Estado y paritariamente con todos los anteriores, por representantes
de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
3.
La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones
públicas competentes en materia de promoción de la prevención de riesgos
laborales, de asesoramiento técnico y de vigilancia y control a que se
refieren los artículos 7, 8, 9 y 11 de esta Ley y podrá informar y formular
propuestas en relación con dichas actuaciones, específicamente en lo referente
a: -
Criterios y programas generales de actuación. -
Proyectos de disposiciones de carácter general. -
Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones
públicas competentes en materia laboral. -
Coordinación entre las Administraciones públicas competentes en materia
laboral, sanitaria y de industria. 4.
La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría. A tal fin, los representantes
de las Administraciones públicas tendrán cada uno un voto y dos los de
las organizaciones empresariales y sindicales. 5.
La Comisión contará con un Presidente y cuatro Vicepresidentes, uno por
cada uno de los grupos que la integran. La Presidencia de la Comisión
corresponderá al Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales,
recayendo la Vicepresidencia atribuida a la Administración General del
Estado en el Subsecretario de Sanidad y Consumo. 6.
La Secretaría de la Comisión, como órgano de apoyo técnico y administrativo,
recaerá en la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. 7.
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo funcionará en
Pleno, en Comisión Permanente o en Grupos de Trabajo, conforme a la normativa
que establezca el Reglamento interno que elaborará la propia Comisión.
En
lo no previsto en la presente Ley y en el Reglamento interno a que hace
referencia el párrafo anterior la Comisión se regirá por la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Derechos y obligaciones Artículo 14. Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. 1.
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo. El
citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario
de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este
deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones
públicas respecto del personal a su servicio. Los
derechos de información, consulta y participación, formación en materia
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente
y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente
Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz
en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2.
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar
la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los
aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de
sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos
laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para
la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de
evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación
de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave
e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una
organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en
el capítulo IV de la presente Ley. El
empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar
los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la
adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior
a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan
en la realización del trabajo. 3.
El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa
sobre prevención de riesgos laborales. 4.
Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución
de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios
de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para
el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones
del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber
en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en
su caso, contra cualquier otra persona. 5.
El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo
no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. Artículo 15. Principios de la acción
preventiva.
1.
El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención
previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios
generales: a)
Evitar los riesgos. b)
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c)
Combatir los riesgos en su origen. d)
Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos
y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a
atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo
en la salud. e)
Tener en cuenta la evolución de la técnica. f)
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g)
Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en
ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo,
las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en
el trabajo. h)
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i)
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 2.
El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de
los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles
las tareas. 3.
El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que
sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada
puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 4.
La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones
o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su
adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar
determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando
la magnitud de dichos riesgos sea substancialmente inferior a la de los
que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 5.
Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar
como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo,
la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto
a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya
actividad consista en la prestación de su trabajo personal. Artículo 16. Evaluación de los riesgos.
1.
La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a
partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la
salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo
en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquéllos que
estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse
con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias
o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.
La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas
otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto
en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades
de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien
las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración
y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud
que se hayan producido. Cuando
el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará
controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de
los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones
potencialmente peligrosas. 2.
Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo
hicieran necesario, el empresario realizará aquellas actividades de prevención,
incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción,
que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud
de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto
de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de
la misma. Las
actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por
el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos
en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.
3.
Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando,
con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan
indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario
llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas
de estos hechos. Artículo 17. Equipos de trabajo y medios
de protección.
1.
El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos
de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente
adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud
de los trabajadores al utilizarlos. Cuando
la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico
para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará
las medidas necesarias con el fin de que: a)
La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados
de dicha utilización. b)
Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación
sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para
ello. 2.
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el
uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados,
sean necesarios. Los
equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos
no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos
de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de
organización del trabajo. Artículo 18. Información, consulta
y participación de los trabajadores. 1.
A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente
Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores
reciban todas las informaciones necesarias en relación con: a)
Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo,
tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo
de puesto de trabajo o función. b)
Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los
riesgos señalados en el apartado anterior. c)
Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20
de la presente Ley. En
las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información
a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario
a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá
informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que
afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección
y prevención aplicables a dichos riesgos. 2.
El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación,
en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la
salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V
de la presente Ley. Los
trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así
como a los órganos de participación y representación previstos en el capítulo
V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la
seguridad y la salud en la empresa. Artículo 19. Formación de los trabajadores.
1.
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar
que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente
y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación,
cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan
cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías
o cambios en los equipos de trabajo. La
formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo
o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos
y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera
necesario. 2.
La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse,
siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto,
en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en
la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios
propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en
ningún caso sobre los trabajadores. Artículo 20. Medidas de emergencia.
El
empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa,
así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar
las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias
en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de
los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner
en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su
correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación
necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado,
en función de las circunstancias antes señaladas. Para
la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar
las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa,
en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia,
salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la
rapidez y eficacia de las mismas. Artículo 21. Riesgo grave e inminente.
1.
Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave
e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
a)
Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de
la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su
caso, deban adoptarse en materia de protección. b)
Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso
de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir
su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de
trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden
su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente
justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.
c)
Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en
contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave
e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros
a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos
y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas
necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 2.
De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente
Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar
el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad
entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 3.
Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario
no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar
la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales
de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización
de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo
será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la
cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización
acordada. El
acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión
mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir
con la urgencia requerida al órgano de representación del personal. 4.
Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno
derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados
anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia
grave. Artículo 22. Vigilancia de la salud.
1.
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al
trabajo. Esta
vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.
De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los
representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización
de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de
las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar
si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para
el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas
con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal
en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de
especial peligrosidad. En
todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos
o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales
al riesgo. 2.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se
llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad
de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información
relacionada con su estado de salud. 3.
Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior
serán comunicados a los trabajadores afectados. 4.
Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no
podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El
acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia
de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario
o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. No
obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades
en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven
de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador
para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir
o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan
desarrollar correctamente su funciones en materia preventiva. 5.
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo
lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica
de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización
de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen.
6.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se
llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación
y capacidad acreditada. Artículo 23. Documentación. 1.
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad
laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas
en los artículos anteriores: a)
Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo,
y planificación de la acción preventiva, conforme a lo previsto en el
artículo 16 de la presente Ley. b)
Medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material
de protección que deba utilizarse. c)
Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y
de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el
tercer párrafo del apartado 1 del artículo 16 de la presente Ley. d)
Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos
en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en
los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado
artículo. e)
Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan
causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.
En estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que
se refiere el apartado 3 del presente artículo. 2.
En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir
a la autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior.
3.
El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral
los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran
producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento
que se determine reglamentariamente. 4.
La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá
también ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto
de que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente
Ley y en el artículo 21 de Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Artículo 24. Coordinación de actividades
empresariales.
1.
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores
de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios
de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención
de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo
18 de esta Ley. 2.
El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias
para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su
centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas,
en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las
medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las
medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.
3.
Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y
que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el
cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa
de prevención de riesgos laborales. 4.
Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo
41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto de las operaciones
contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista
o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la
empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria,
equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa
principal. 5.
Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en
los apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos
que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo. Artículo 25. Protección de trabajadores
especialmente sensibles a determinados riesgos. 1.
El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores
que, por sus propias características personales o estado biológico conocido,
incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad
física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos
derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos
en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las
medidas preventivas y de protección necesarias. Los
trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los
que, a causa de sus características personales, estado biológico o por
su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan
ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa
ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente
en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 2.
Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los
factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de
los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes
físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos
o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad,
como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas
preventivas necesarias. Artículo 26. Protección de la maternidad. 1.
La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente
Ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la
duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo
o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que
puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto,
en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico.
Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad
y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia
de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias
para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de
las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas
medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo
nocturno o de trabajo a turnos. 2.
Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase
posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de
trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada
o del feto, y así lo certifique el médico que en el régimen de la Seguridad
Social aplicable asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá
desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su
estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes
de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de
riesgos a estos efectos. El
cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas
y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y
tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora
permita su reincorporación al anterior puesto. En
el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior,
no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá
ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente,
si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto
de origen. 3.
Lo dispuesto en los anteriores números de este artículo será también de
aplicación durante el período de lactancia, si las condiciones de trabajo
pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así
lo certificase el médico que, en el régimen de Seguridad Social aplicable,
asista facultativamente a la trabajadora. 4.
Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo,
con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales
y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación
de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. Artículo 27. Protección de los menores.
1.
Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años,
y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de
trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de
trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza,
el grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible
de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones
de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos
trabajadores. A
tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos
para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de
su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes
o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. En
todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores
que hayan intervenido en la contratación, conforme a lo dispuesto en la
letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas
para la protección de su seguridad y salud. 2.
Teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, el Gobierno establecerá
las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho años
en trabajos que presenten riesgos específicos. Artículo 28. Relaciones de trabajo
temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal.
1.
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada,
así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar
del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los
restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.
La
existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior
no justificará en ningún caso una diferencia de trato por lo que respecta
a las condiciones de trabajo, en lo relativo a cualquiera de los aspectos
de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. La
presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente
a las relaciones de trabajo señaladas en los párrafos anteriores. 2.
El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con
carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere
el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que
vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de
cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de
controles médicos especiales o la existencia de riesgos específicos
del puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de protección
y prevención frente a los mismos. Dichos
trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada
a las características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta
su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vayan
a estar expuestos. 3.
Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho
a una vigilancia periódica de su estado de salud, en los términos establecidos
en el artículo 22 de esta Ley y en sus normas de desarrollo. 4.
El empresario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse
de las actividades de protección y prevención o, en su caso, al servicio
de prevención previsto en el artículo 31 de esta Ley de la incorporación
de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, en la medida
necesaria para que puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones
respecto de todos los trabajadores de la empresa. 5.
En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal,
la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del
trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa usuaria
el cumplimiento de las obligaciones en materia de información previstas
en los apartados 2 y 4 del presente artículo. La
empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones
en materia de formación y vigilancia de la salud que se establecen en
los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar a
la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes
de la adscripción de los mismos, acerca de las características propias
de los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas.
La
empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores
en la misma de la adscripción de los trabajadores puestos a disposición
por la empresa de trabajo temporal. Dichos trabajadores podrán dirigirse
a estos representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos en
la presente Ley. Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores
en materia de prevención de riesgos. 1.
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante
el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas,
por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras
personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de
sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y
las instrucciones del empresario. 2.
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones
del empresario, deberán en particular: 1º.
Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles,
las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de
transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen
su actividad. 2º.
Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados
por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3º.
No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos
de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con
su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
4º.
Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y de prevención o,
en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que,
a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad
y la salud de los trabajadores. 5º.
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores
en el trabajo. 6º.
Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones
de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y
la salud de los trabajadores. 3.
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia
de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá
la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en
el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso,
conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen
disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario
al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado
será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad
consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan
en sus Reglamentos de Régimen Interno. Servicios de prevención Artículo 30. Protección y prevención
de riesgos profesionales. 1.
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad,
constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con
una entidad especializada ajena a la empresa. 2.
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer
del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo
en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos
los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se
determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado
1 del artículo 6 de la presente Ley. Los
trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí
y, en su caso, con los servicios de prevención. 3.
Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá
facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y documentación
a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 4.
Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado
de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales
en la empresa. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán,
en particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores
establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del
artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta
garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio
de prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo siguiente. Los
trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar
sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que
tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. 5.
En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir
personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle
de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad
necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores
y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine
en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo
6 de la presente Ley. 6.
El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con
una entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema
de prevención al control de una auditoria o evaluación externa, en los
términos que reglamentariamente se determinen. Artículo 31. Servicios de prevención. 1.
Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para
la realización de las actividades de prevención, en función del tamaño
de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o
de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, con el alcance que
se establezca en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado
1 del artículo 6 de la presente Ley, el empresario deberá recurrir a uno
o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán
cuando sea necesario. Para
el establecimiento de estos servicios en las Administraciones públicas
se tendrá en cuenta su estructura organizativa y la existencia, en su
caso, de ámbitos sectoriales y descentralizados. 2.
Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos
y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin
de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores
y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.
Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho
servicio el acceso a la información y documentación a que se refiere el
apartado 3 del artículo anterior. 3.
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar
a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos
de riesgo en ella existentes y en lo referente a: a)
El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación
preventiva. b)
La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad
y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo
16 de esta Ley. c)
La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. d)
La información y formación de los trabajadores. e)
La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. f)
La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos
derivados del trabajo. 4.
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo
sus medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación,
especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos
servicios, así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados
a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes
circunstancias: a)
Tamaño de la empresa. b)
Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.
c)
Distribución de riesgos en la empresa. 5.
Para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas
deberán ser objeto de acreditación por la Administración laboral, mediante
la comprobación de que reúnen los requisitos que se establezcan reglamentariamente
y previa aprobación de la Administración sanitaria en cuanto a los aspectos
de carácter sanitario. Artículo 32. Actuación preventiva de
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social podrán desarrollar para las empresas a ellas asociadas las funciones
correspondientes a los servicios de prevención, con sujeción a lo dispuesto
en el apartado 5 del artículo 31. Los
representantes de los empresarios y de los trabajadores tendrán derecho
a participar en el control y seguimiento de la gestión desarrollada por
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social en las funciones a que se refiere el párrafo anterior
conforme a lo previsto en el artículo 39, cinco, de la Ley 42/1994, de
30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social.
Consulta y participación
de los trabajadores Artículo 33. Consulta de los trabajadores.
1.
El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación,
la adopción de las decisiones relativas a: a)
La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción
de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que
éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores,
derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación
de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales
en el trabajo. b)
La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud
y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación
de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un
servicio de prevención externo. c)
La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
d)
Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los
artículos 18, apartado 1. y 23, apartado 1, de la presente Ley. e)
El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. f)
Cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la seguridad
y la salud de los trabajadores. 2.
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las
consultas a que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo con
dichos representantes. Artículo 34. Derechos de participación
y representación. 1.
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. En
las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores,
la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes
y de la representación especializada que se regula en este capítulo. 2.
A los Comités de empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes
sindicales les corresponde, en los términos que, respectivamente, les
reconocen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Órganos de Representación
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica
de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores
en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes
del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en
materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y
ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales competentes.
3.
El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá
en el ámbito de las Administraciones públicas con las adaptaciones que
procedan en atención a la diversidad de las actividades que desarrollan
y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad
y dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia
de representación colectiva, en los términos previstos en la Ley 7/1990,
de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación
de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, pudiéndose establecer
ámbitos sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos
y centros. Para
llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración
General del Estado, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a)
En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades
y garantías que se reconocen en esta Ley a los Delegados de Prevención
y a los Comités de Seguridad y Salud. b)
Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada
caso para el ejercicio de la función de participación en materia preventiva
dentro de la estructura organizativa de la Administración. Con carácter
general, dicho ámbito será el de los órganos de representación del personal
al servicio de las Administraciones públicas, si bien podrán establecerse
otros distintos en función de las características de la actividad y frecuencia
de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. c)
Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación
del personal, se deberá garantizar una actuación coordinada de todos ellos
en materia de prevención y protección de la seguridad y la salud en el
trabajo, posibilitando que la participación se realice de forma conjunta
entre unos y otros, en el ámbito específico establecido al efecto. d)
Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud
en el ámbito de los órganos de representación previstos en la Ley de Órganos
de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,
que estará integrado por los Delegados de Prevención designados en dicho
ámbito, tanto para el personal con relación de carácter administrativo
o estatutario como para el personal laboral, y por representantes de la
Administración en número no superior al de Delegados. Ello no obstante,
podrán constituirse Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando
las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así
lo aconsejen. Artículo 35. Delegados de Prevención.
1.
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
2.
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes
del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos
en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la
siguiente escala: De
50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. De
101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. De
501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. De
1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. De
2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. De
3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. De
4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. En
las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será
el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y
nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por
y entre los Delegados de Personal. 3.
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán
en cuenta los siguientes criterios: a)
Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior
a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. b)
Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número
de días trabajados en el período de un año anterior a la designación.
Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador
más. 4.
No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos
podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de
Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde
a los representantes del personal o a los propios trabajadores. Asimismo,
en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el
artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse
que las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención
sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o
en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos
y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias generales respecto
del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación
del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento
en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Igualmente,
en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en
los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación
colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo
de los empleados públicos, otros sistemas de designación de los Delegados
de Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley atribuye a
éstos puedan ser ejercidas por órganos específicos. Artículo 36. Competencias y facultades
de los Delegados de Prevención. 1.
Son competencias de los Delegados de Prevención: a)
Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
b)
Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. c)
Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución,
acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente
Ley. d)
Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales. En
las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar
el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias
atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados
de Prevención. 2.
En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención,
éstos estarán facultados para: a)
Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del
medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo
40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las
visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar
el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales,
pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
b)
Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo
22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones
de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en
particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando
la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser
suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.
c)
Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud
de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos,
pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de
los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. d)
Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes
de las personas u órganos encargados de las actividades de protección
y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para
la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social. e)
Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia
y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin,
acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada
con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo
del proceso productivo. f)
Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y
para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud
de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario,
así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.
g)
Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3
del artículo 21. 3.
Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo
dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse
en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate
de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido
el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en
práctica su decisión. 4.
La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas
por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del
apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. Artículo 37. Garantía y sigilo profesional
de los Delegados de Prevención. 1.
Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia
de garantías será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición
de representantes de los trabajadores. El
tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de
las funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio
de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito
de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo
68 del Estatuto de los Trabajadores. No
obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo
efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente
a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras
convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así
como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número
2 del artículo anterior. 2.
El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios
y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio
de sus funciones. La
formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios
o mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia
y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros
nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. El
tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo
a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los
Delegados de Prevención. 3.
A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto
al sigilo profesional debido respecto de las informaciones a que tuviesen
acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. 4.
Lo dispuesto en el presente artículo en materia de garantías y sigilo
profesional de los Delegados de Prevención se entenderá referido, en el
caso de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal
al servicio de las Administraciones públicas, a la regulación contenida
en los artículos 10, párrafo segundo y 11 de la Ley 9/1987, de 12 de junio,
de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo
y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Artículo 38. Comité de Seguridad y
Salud. 1.
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa
en materia de prevención de riesgos. 2.
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o
centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. El
Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y
por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados
de Prevención, de la otra. En
las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero
sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención
en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere
el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores
de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información
respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos
en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna
de las representaciones en el Comité. 3.
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que
lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará
sus propias normas de funcionamiento. Las
empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de
Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un
Comité intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. Artículo 39. Competencias y facultades
del Comité de Seguridad y Salud. 1.
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: a)
Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes
y programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su
seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a
su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de
planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías,
organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención
y proyecto y organización de la formación en materia preventiva. b)
Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención
de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones
o la corrección de las deficiencias existentes. 2.
En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará
facultado para: a)
Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos
en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime
oportunas. b)
Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes
de la actividad del servicio de prevención, en su caso. c)
Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad
física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer
las medidas preventivas oportunas. d)
Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.
3.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración
entre empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades
en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones
conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los
Delegados de Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de
dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada. Artículo 40. Colaboración con la Inspección
de Trabajo. 1.
Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas
y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar
la seguridad y la salud en el trabajo. 2.
En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector de
Trabajo y Seguridad Social comunicará su presencia al empresario o a su
representante o a la persona inspeccionada, al Comité de Seguridad y Salud,
al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los representantes legales
de los trabajadores, a fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo
de su visita y formularle las observaciones que estimen oportunas, a menos
que considere que dichas comunicaciones puedan perjudicar el éxito de
sus funciones. 3.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados
de Prevención sobre los resultados de las visitas a que hace referencia
el apartado anterior y sobre las medidas adoptadas como consecuencia de
las mismas, así como al empresario mediante diligencia en el Libro de
Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debe existir
en cada centro de trabajo. 4.
Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas serán
consultadas con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención
de riesgos en el trabajo, en especial de los programas específicos para
empresas de menos de seis trabajadores, e informadas del resultado de
dichos planes. Obligaciones de los
fabricantes, importadores y suministradores Artículo 41. Obligaciones de los fabricantes,
importadores y suministradores. 1.
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos,
productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no
constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean
instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados
por ellos. Los
fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias
químicas de utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar
los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones
de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para
la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización
comporten. Los
sujetos mencionados en los dos párrafos anteriores deberán suministrar
la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores,
las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales
que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado.
Los
fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección
de los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos,
siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma
recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información
que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección
frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento. Los
fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los
empresarios, y éstos recabar de aquellos, la información necesaria para
que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos,
materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad
y la salud de los trabajadores, así como para que los empresarios puedan
cumplir con sus obligaciones de información respecto de los trabajadores.
2.
El empresario deberá garantizar que las informaciones a que se refiere
el apartado anterior sean facilitadas a los trabajadores en términos que
resulten comprensibles para los mismos. Responsabilidades y
sanciones Artículo 42. Responsabilidades y su
compatibilidad. 1.
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de
prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas,
así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por
los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento. 2.
La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y
subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de esta
Ley del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones
impuestas por esta Ley en relación con los trabajadores que aquellos ocupen
en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción
se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal.
En
las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la empresa
usuaria será responsable de la protección en materia de seguridad y salud
en el trabajo en los términos del artículo 16 de la Ley 14/1994, de 1
de julio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 3.
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento
sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y
perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del Sistema
de la Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente
de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema.
4.
No podrán sancionarse los hechos que ya hayan sido sancionados penal o
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto,
hecho y fundamento. En
los casos de concurrencia con el orden jurisdiccional penal será de aplicación
lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones
y Sanciones de Orden Social, para cuya efectividad la autoridad laboral
y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social velarán por el cumplimiento
de los deberes de colaboración e información con el Ministerio Fiscal.
5.
La declaración de hechos probados que contenga una sentencia firme del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, relativa a la existencia
de infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales, vinculará
al orden social de la jurisdicción, en lo que se refiere al recargo, en
su caso, de la prestación económica del sistema de la Seguridad Social.
Artículo 43. Requerimiento de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social. 1.
Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia
de una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales,
requerirá al empresario para la subsanación de las deficiencias observadas,
salvo que por la gravedad e inminencia de los riesgos procediese acordar
la paralización prevista en el artículo 44. Todo ello sin perjuicio de
la propuesta de sanción correspondiente, es su caso. 2.
El requerimiento formulado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social
se hará saber por escrito al empresario presuntamente responsable señalando
las anomalías o deficiencias apreciadas con indicación del plazo para
su subsanación. Dicho requerimiento se pondrá, asimismo, en conocimiento
de los Delegados de Prevención. Si
se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores,
el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, de no haberlo efectuado inicialmente,
levantará la correspondiente acta de infracción por tales hechos. Artículo 44. Paralización de trabajos.
1.
Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que la inobservancia
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio,
un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores
podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o tareas. Dicha
medida será comunicada a la empresa responsable, que la pondrá en conocimiento
inmediato de los trabajadores afectados, del Comité de Seguridad y Salud,
del Delegado de Prevención o, en su ausencia, de los representantes del
personal. La empresa responsable dará cuenta al Inspector de Trabajo y
Seguridad Social del cumplimiento de esta notificación. El
Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará traslado de su decisión de
forma inmediata a la autoridad laboral. La empresa, sin perjuicio del
cumplimiento inmediato de tal decisión, podrá impugnarla ante la autoridad
laboral en el plazo de tres días hábiles, debiendo resolverse tal impugnación
en el plazo máximo de veinticuatro horas. Tal resolución será ejecutiva,
sin perjuicio de los recursos que procedan. La
paralización de los trabajos se levantará por la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social que la hubiera decretado, o por el empresario tan pronto
como se subsanen las causas que la motivaron, debiendo, en este último
caso, comunicarlo inmediatamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. 2.
Los supuestos de paralización regulados en este artículo, así como los
que se contemplen en la normativa reguladora de las actividades previstas
en el apartado 2 del artículo 7 de la presente Ley, se entenderán, en
todo caso, sin perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones
que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
Artículo 45. Infracciones administrativas.
1.
Son infracciones a la normativa en materia de prevención de riesgos laborales
las acciones u omisiones de los empresarios que incumplan las normas legales,
reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia
de seguridad y de salud laboral sujetas a responsabilidades conforme a
la presente Ley. Las
infracciones tipificadas conforme a la presente Ley serán objeto de sanción
tras la instrucción del oportuno expediente sancionador a propuesta de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con el procedimiento
administrativo especial establecido en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, sin perjuicio de las responsabilidades
de otro orden que puedan concurrir. No
obstante lo anterior, en el ámbito de las relaciones del personal civil
al servicio de las Administraciones públicas, las infracciones serán objeto
de responsabilidades a través de la imposición, por resolución de la autoridad
competente, de la realización de las medidas correctoras de los correspondientes
incumplimientos, conforme al procedimiento que al efecto se establezca.
En
el ámbito de la Administración General del Estado, corresponderá al Gobierno
la regulación de dicho procedimiento, que se ajustará a los siguientes
principios: a)
El procedimiento se iniciará por el órgano competente de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social por orden superior, bien por propia iniciativa
o a petición de los representantes del personal. b)
Tras su actuación, la Inspección efectuará un requerimiento sobre las
medidas a adoptar y plazo de ejecución de las mismas, del que se dará
traslado a la unidad administrativa inspeccionada a efectos de formular
alegaciones. c)
En caso de discrepancia entre los Ministros competentes como consecuencia
de la aplicación de este procedimiento, se elevarán las actuaciones al
Consejo de Ministros para su decisión final. 2.
Las infracciones en el ámbito laboral se califican en leves, graves y
muy graves, en atención a la naturaleza del deber infringido y la entidad
del derecho afectado, de conformidad a lo establecido en los artículos
siguientes de la presente Ley. Artículo 46. Infracciones leves.
Son
infracciones leves: 1.
La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo
para la integridad física o salud de los trabajadores. 2.
No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, conforme
a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y
las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación
de leves. 3.
No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro
de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de
efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud
los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que no se trate de
industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre
o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen. 4.
Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos
laborales, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad
física o la salud de los trabajadores. 5.
Cualesquiera otras que afecten a obligaciones de carácter formal o documental
exigidas en la normativa de prevención de riesgos laborales y que no estén
tipificadas como graves o muy graves. Artículo 47. Infracciones graves.
Son
infracciones graves: 1.
No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, los controles
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores
que procedan conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales
o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias
los resultados de las evaluaciones. 2.
No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica
del estado de salud de los trabajadores que procedan conforme a la normativa
sobre prevención de riesgos laborales, o no comunicar a los trabajadores
afectados el resultado de los mismos. 3.
No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las
disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las
enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de
graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigación en
caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener indicios
de que las medidas preventivas son insuficientes. 4.
No registrar y archivar los datos obtenidos en la evaluaciones, controles,
reconocimientos, investigaciones o informes a que se refiere los artículos
16, 22 y 23 de esta Ley. 5.
No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro
de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de
efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud
los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que se trate de industria
calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva
por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen. 6.
El incumplimiento de la obligación de elaborar el plan específico de seguridad
e higiene en el trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas,
así como el incumplimiento de dicha obligación mediante alteraciones en
el volumen de la obra o en el número de trabajadores en fraude de ley.
7.
La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones
fuesen incompatibles con sus características personales o de quienes se
encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no
respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de
trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas
sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de
seguridad y salud en el trabajo, salvo que se trate de infracción muy
grave conforme al artículo siguiente. 8.
El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información
suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto
de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud y
sobre las medidas preventivas aplicables, salvo que se trate de infracción
muy grave conforme al artículo siguiente. 9.
La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que conforme
a la normativa sobre prevención de riesgos laborales origine riesgo de
daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores, sin adoptar
las medidas preventivas adecuadas, salvo que se trate de infracción muy
grave conforme al artículo siguiente. 10.
No adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de esta Ley en materia
de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
11.
El incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación
de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales. 12.
No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo
de sus funciones a los trabajadores designados para las actividades de
prevención y a los Delegados de Prevención. 13.
No adoptar los empresarios que desarrollen actividades en un mismo centro
de trabajo las medidas de coordinación necesarias para la protección y
prevención de riesgos laborales. 14.
No informar el empresario titular del centro de trabajo a aquellos otros
que desarrollen actividades en el mismo sobre los riesgos y las medidas
de protección, prevención y emergencia. 15.
No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades
de protección y prevención en la empresa o no organizar o concertar un
servicio de prevención cuando ello sea preceptivo. 16.
Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para
la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente
en materia de: a)
Comunicación, cuando proceda legalmente, a la autoridad laboral de sustancias,
agentes físicos, químicos o biológicos o procesos utilizados en las empresas.
b)
Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento
de los lugares de trabajo, herramientas, maquinaria y equipos. c)
Prohibiciones o limitaciones respecto de operaciones, procesos y uso de
agentes físicos, químicos y biológicos en los lugares de trabajo. d)
Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan quedar expuestos
a determinados agentes físicos, químicos y biológicos. e)
Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación
de resultados. f)
Medidas de protección colectiva o individual. g)
Señalización de seguridad y etiquetado y envasado de sustancias peligrosas,
en cuanto éstas se manipulen o empleen en el proceso productivo. h)
Servicios o medidas de higiene personal. i)
Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos,
listas de trabajadores expuestos y expedientes médicos. 17.
El incumplimiento del deber de información a los trabajadores designados
para ocuparse de las actividades de prevención o, en su caso, al servicio
de prevención de la incorporación a la empresa de trabajadores con relaciones
de trabajo temporales, de duración determinada o proporcionados por empresas
de trabajo temporal. 18.
No facilitar al servicio de prevención el acceso a la información y documentación
señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del artículo
23 de la presente Ley. 19.
No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema
de prevención de la empresa al control de una auditoria o evaluación externa
cuando no se hubiera concertado el servicio de prevención con una entidad
especializada ajena a la empresa. Artículo 48. Infracciones muy graves.
Son
infracciones muy graves: 1.
No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad
y la salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia.
2.
No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad
y la salud de los menores. 3.
No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, los trabajos que se realicen sin observar
la normativa sobre prevención de riesgos laborales y que, a juicio de
la Inspección, impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente
para la seguridad y salud de los trabajadores, o reanudar los trabajos
sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la paralización.
4.
La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones
fuesen incompatibles con sus características personales conocidas o que
se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que
no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos
de trabajo, así como la dedicación de aquellos a la realización de tareas
sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de
seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave
e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. 5.
Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos
a la vigilancia de la salud de los trabajadores, en los términos previstos
en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley. 6.
Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme
a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, originen riesgos
de daños para la salud de los trabajadores sin adoptar las medidas preventivas
adecuadas, cuando se trate de riesgos graves e inminentes. 7.
Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores
a paralizar su actividad en los casos de riesgo grave e inminente, en
los términos previstos en el artículo 21 de esta Ley. 8.
No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones
de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales
de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud
de los trabajadores. Artículo 49. Sanciones. 1.
Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores
podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo, atendiendo a
los siguientes criterios: a)
La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro
de trabajo. b)
El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas
actividades. c)
La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por
la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias. d)
El número de trabajadores afectados. e)
Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario
y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los
riesgos. f)
El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social. g)
La inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de prevención,
los Delegados de Prevención o el Comité de Seguridad y Salud de la empresa
para la corrección de las deficiencias legales existentes. h)
La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia
de las normas en materia de prevención de riesgos laborales. 2.
Los criterios de graduación recogidos en el número anterior no podrán
atenuar o agravar la calificación de la infracción cuando estén contenidos
en la descripción de la conducta infractora. 3.
El acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que da inicio al
expediente sancionador y la resolución administrativa que recaiga, deberán
explicitar los criterios tenidos en cuenta, de entre los señalados en
el apartado 1 de este artículo, para la graduación de la sanción. Cuando
no se considere relevante a estos efectos ninguna de las circunstancias
enumeradas en el apartado 1 de este artículo, la sanción se impondrá en
el grado mínimo en su tramo inferior. 4.
Las sanciones se graduarán como sigue: a)
Infracciones leves: Grado
mínimo: hasta 50.000 pesetas Grado
medio: de 50.001 a 100.000 pesetas Grado
máximo: de 100.001 a 250.000 pesetas b)
Infracciones graves: Grado
mínimo: de 250.001 a 1.000.000 pesetas Grado
medio: de 1.000.001 a 2.500.000 pesetas Grado
máximo: de 2.500.001 a 5.000.000 pesetas c)
Infracciones muy graves: Grado
mínimo: de 5.000.001 a 20.000.000 pesetas Grado
medio: de 20.000.001 a 50.000.000 pesetas Grado
máximo: de 50.000.001 a 100.000.000 pesetas 5.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se
harán públicas en la forma que se determine reglamentariamente. Artículo 50. Reincidencia. Existe
reincidencia cuando se comete una infracción del mismo tipo y calificación
que la que motivó una sanción anterior en el término de un año desde la
comisión de ésta; en tal supuesto se requerirá que la resolución sancionadora
hubiere adquirido firmeza. Si
se apreciase reincidencia, la cuantía de las sanciones consignadas en
el artículo anterior podrá incrementarse hasta el duplo del grado de la
sanción correspondiente a la infracción cometida, sin exceder en ningún
caso del tope máximo previsto para las infracciones muy graves en el artículo
49 de esta Ley. Artículo 51. Prescripción de las infracciones.
Las
infracciones a la normativa en materia de prevención de riesgos laborales
prescriben: las leves al año, las graves a los tres años y las muy graves
a los cinco años, contados desde la fecha de la infracción. Artículo 52. Competencias sancionadoras. 1.
En el ámbito de las competencias del Estado, las infracciones serán sancionadas,
a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la autoridad
laboral competente a nivel provincial, hasta 5.000.000 de pesetas; por
el Director General de Trabajo, hasta 15.000.000 de pesetas; por el Ministro
de Trabajo y Seguridad Social, hasta 50.000.000 de pesetas; y por el Consejo
de Ministros, a propuesta del de Trabajo y Seguridad Social, hasta 100.000.000
de pesetas. 2.
En los supuestos de pluralidad de infracciones recogidas en un único expediente
sancionador, será órgano competente para imponer la sanción por la totalidad
de dichas infracciones el que lo sea para imponer la de mayor cuantía.
3.
La atribución de competencias a la que se refiere el apartado 1 no afecta
al ejercicio de la potestad sancionadora que pueda corresponder a otras
Administraciones por razón de las competencias que tengan atribuidas.
4.
La referida atribución de competencias tampoco afecta al ejercicio de
la potestad sancionadora que pueda corresponder a las autoridades laborales
de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de ejecución
de la legislación laboral, que se efectuará de acuerdo con su regulación
propia, en los términos y con los límites previstos en sus respectivos
Estatutos de Autonomía y disposiciones de desarrollo y aplicación. Artículo 53. Suspensión o cierre del
centro de trabajo.
El
Gobierno o, en su caso, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas
con competencias en la materia, cuando concurran circunstancias de excepcional
gravedad en las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo,
podrán acordar la suspensión de las actividades laborales por un tiempo
determinado o, en caso extremo, el cierre del centro de trabajo correspondiente,
sin perjuicio, en todo caso, del pago del salario o de las indemnizaciones
que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
Artículo 54. Limitaciones a la facultad
de contratar con la Administración. Las
limitaciones a la facultad de contratar con la Administración por la comisión
de delitos o por infracciones administrativas muy graves en materia de
seguridad y salud en el trabajo, se regirán por lo establecido en la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
Disposición adicional primera. Definiciones a efectos de Seguridad
Social. Sin
perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta Ley
en el ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto
la definición de los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional,
accidente no laboral y enfermedad común, como el régimen jurídico establecido
para estas contingencias en la normativa de Seguridad Social, continuarán
siendo de aplicación en los términos y con los efectos previstos en dicho
ámbito normativo. Disposición adicional segunda. Reordenación orgánica. Queda
extinguida la Organización de los Servicios Médicos de Empresa, cuyas
funciones pasarán a ser desempeñadas por la Administración sanitaria competente
en los términos de la presente Ley. Los
recursos y funciones que actualmente tienen atribuidos el Instituto Nacional
de Medicina y Seguridad del Trabajo y la Escuela Nacional de Medicina
del Trabajo se adscriben y serán desarrollados por las unidades, organismos
o entidades del Ministerio de Sanidad y Consumo conforme a su organización
y distribución interna de competencias. El
Instituto Nacional de Silicosis mantendrá su condición de centro de referencia
nacional de prevención técnico sanitaria de las enfermedades profesionales
que afecten al sistema cardiorespiratorio. Disposición adicional tercera. Carácter básico. 1.
Esta Ley, así como las normas reglamentarias que dicte el Gobierno en
virtud de lo establecido en el artículo 6, constituyen legislación laboral,
dictada al amparo del artículo 149.1.7» de la Constitución. 2.
Respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o
estatutario al servicio de las Administraciones públicas, la presente
Ley será de aplicación en los siguientes términos: a)
Los artículos que a continuación se relacionan constituyen normas básicas
en el sentido previsto en el artículo 149.1.18» de la Constitución: 2.
3,
apartados 1 y 2, excepto el párrafo segundo. 4.
5,
apartado 1. 12.
14,
apartados 1,2, excepto la remisión al capítulo IV, 3, 4 y 5. 15.
16.
17.
18,
apartados 1 y 2, excepto la remisión al capítulo V. 19,
apartados 1 y 2, excepto referencia a la impartición por medios propios
o concertados. 20.
21.
23.
24,
apartados 1, 2 y 3. 25.
26.
28,
apartados 1, párrafos primero y segundo, 2, 3 y 4, excepto en lo relativo
a las empresas de trabajo temporal. 29.
30,
apartados 1, 2, excepto la remisión al artículo 6.1.a), 3 y 4, excepto
la remisión al texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
31,
apartados 1, excepto remisión al artículo 6.1.a), 2, 3 y 4. 33.
34,
apartados 1, párrafo primero, 2 y 3, excepto párrafo segundo. 35,
apartados 1, 2, párrafo primero, 4, párrafo tercero. 36,
excepto las referencias al Comité de Seguridad y Salud. 37,
apartados 2 y 4. 42,
apartado 1. 45,
apartado 1, párrafo tercero. Disposición
adicional cuarta. Designación de Delegados de Prevención en supuestos
especiales. Disposición
transitoria, apartado 3º. Tendrán
este mismo carácter básico, en lo que corresponda, las normas reglamentarias
que dicte el Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo 6 de
esta Ley. b)
En el ámbito de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, las
funciones que la Ley atribuye a las autoridades laborales y a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social podrán ser atribuidas a órganos diferentes.
c)
Los restantes preceptos serán de aplicación general en defecto de normativa
específica dictada por las Administraciones públicas, a excepción de lo
que resulte inaplicable a las mismas por su propia naturaleza jurídico-laboral.
3.
El artículo 54 constituye legislación básica de contratos administrativos,
dictada al amparo del artículo 149.1.18» de la Constitución. Disposición adicional cuarta. Designación de Delegados de Prevención
en supuestos especiales. En
los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores
por no existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores
o elegibles en las elecciones para representantes del personal, los trabajadores
podrán elegir por mayoría a un trabajador que ejerza las competencias
del Delegado de Prevención, quién tendrá las facultades, garantías y obligaciones
de sigilo profesional de tales Delegados. La actuación de éstos cesará
en el momento en que se reúnan los requisitos de antigüedad necesarios
para poder celebrar la elección de representantes del personal, prorrogándose
por el tiempo indispensable para la efectiva celebración de la elección.
Disposición adicional quinta. Fundación. Adscrita
a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo existirá una
fundación cuya finalidad será promover la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas,
a través de acciones de información, asistencia técnica, formación y promoción
del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos. Para
el cumplimiento de sus fines se dotará a la fundación de un patrimonio
con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación procedente del exceso
de excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. La cuantía
total de dicho patrimonio no excederá del 20 por ciento del mencionado
Fondo, determinada en la fecha de entrada en vigor de esta Ley. Los
Estatutos de la fundación serán aprobados por la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, con el voto favorable de dos tercios
de sus miembros. A
efectos de lograr un mejor cumplimiento de sus fines, se articulará su
colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La
planificación, desarrollo y financiación de acciones en los distintos
ámbitos territoriales tendrá en consideración, la población ocupada, el
tamaño de las empresas y los índices de siniestralidad laboral. Los presupuestos
que la fundación asigne a los ámbitos territoriales autonómicos que tengan
asumidas competencias de ejecución de la legislación laboral en materia
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, serán atribuidos para su gestión
a los órganos tripartitos y de participación institucional que existan
en dichos ámbitos y tengan naturaleza similar a la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo. En
los sectores de actividad en los que existan fundaciones de ámbito sectorial,
constituidas por empresarios y trabajadores, que tengan entre sus fines
la promoción de actividades destinadas a la mejora de las condiciones
de seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de los objetivos y fines
de la fundación se llevará a cabo, en todo caso, en coordinación con aquéllas.
Disposición adicional sexta. Constitución de la Comisión Nacional
de Seguridad. El
Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la vigencia de esta Ley,
regulará la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo. La Comisión se constituirá en el plazo de los treinta días
siguientes. Disposición adicional séptima. Cumplimiento de la normativa
de transporte de mercancías peligrosas. Lo
dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio del cumplimiento
de las obligaciones derivadas de la regulación en materia de transporte
de mercancías peligrosas. Disposición adicional octava. Planes de organización de actividades
preventivas. Cada
Departamento Ministerial, en el plazo de seis meses desde la entrada en
vigor de esta Ley y previa consulta con las organizaciones sindicales
más representativas, elevará al Consejo de Ministros una propuesta de
acuerdo en la que se establezca un plan de organización de las actividades
preventivas en el Departamento correspondiente y en los centros, organismos
y establecimientos de todo tipo dependientes del mismo. A
la propuesta deberá acompañarse necesariamente una memoria explicativa
del coste económico de la organización propuesta, así como el calendario
de ejecución del plan, con las previsiones presupuestarias adecuadas a
éste. Disposición adicional novena. Establecimientos militares.
1.
El Gobierno, en el plazo de seis meses, previa consulta con las organizaciones
sindicales más representativas y a propuesta de los Ministros de Defensa
y Trabajo y Seguridad Social, adaptará las normas de los capítulos III
y V de esta Ley a las exigencias de la defensa nacional, a las peculiaridades
orgánicas y al régimen vigente de representación del personal en los establecimientos
militares. 2.
Continuarán vigentes las disposiciones sobre organización y competencia
de la autoridad laboral e Inspección de Trabajo en el ámbito de la Administración
Militar contenidas en el Real Decreto 2205/1980, de 13 de junio, dictado
en desarrollo de la disposición final séptima del Estatuto de los Trabajadores.
Disposición adicional décima. Sociedades cooperativas. El
procedimiento para la designación de los Delegados de Prevención regulados
en el artículo 35 de esta Ley en las sociedades cooperativas que no cuenten
con asalariados deberá estar previsto en sus Estatutos o ser objeto de
acuerdo en Asamblea General. Cuando,
además de los socios que prestan su trabajo personal, existan asalariados
se computarán ambos colectivos a efectos de lo dispuesto en el número
2 del artículo 35. En este caso, la designación de los Delegados de Prevención
se realizará conjuntamente por los socios que prestan trabajo y los trabajadores
asalariados o, en su caso, los representantes de éstos. Disposición adicional undécima. Modificación del Estatuto de
los Trabajadores. Se
añade una letra f) al apartado 3 del artículo 37 del texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, del siguiente tenor: "f) Por el tiempo indispensable
para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo". Disposición adicional duodécima. Participación institucional
en las Comunidades Autónomas. En
las Comunidades Autónomas, la participación institucional, en cuanto a
su estructura y organización, se llevará a cabo de acuerdo con las competencias
que las mismas tengan en materia de seguridad y salud laboral. Disposición adicional decimotercera. Fondo de Prevención y Rehabilitación.
Los
recursos del Fondo de Prevención y Rehabilitación procedentes del exceso
de excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social a que se refiere
el artículo 73 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
se destinarán en la cuantía que se determine reglamentariamente, a las
actividades que puedan desarrollar como servicios de prevención las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 32 de esta Ley. Disposición transitoria primera. Aplicación de disposiciones
más favorables. 1.
Lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de esta Ley en materia de competencias,
facultades y garantías de los Delegados de Prevención se entenderá sin
perjuicio del respeto a las disposiciones más favorables para el ejercicio
de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores
en la prevención de riesgos laborales previstas en los convenios colectivos
vigentes en la fecha de su entrada en vigor. 2.
Los órganos específicos de representación de los trabajadores en materia
de prevención de riesgos laborales que, en su caso, hubieran sido previstos
en los convenios colectivos a que se refiere el apartado anterior y que
estén dotados de un régimen de competencias, facultades y garantías que
respete el contenido mínimo establecido en los artículos 36 y 37 de esta
Ley, podrán continuar en el ejercicio de sus funciones, en sustitución
de los Delegados de Prevención, salvo que por el órgano de representación
legal de los trabajadores se decida la designación de estos Delegados
conforme al procedimiento del artículo 35. 3.
Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a
los acuerdos concluidos en el ámbito de la función pública al amparo de
lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva
y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos. Disposición transitoria segunda. En
tanto se aprueba el Reglamento regulador de los Servicios de Prevención
de Riesgos Laborales, se entenderá que las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social cumplen el requisito
previsto en el artículo 31.5 de la presente Ley. Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación. Quedan
derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley y específicamente:
a)
Los artículos 9, 10, 11, 36, apartado 2, 39 y 40, párrafo segundo, de
la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden
social. b)
El Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se fijan los trabajos prohibidos
a mujeres y menores, en los aspectos de su normativa relativos al trabajo
de las mujeres, manteniéndose en vigor las relativas al trabajo de los
menores hasta que el Gobierno desarrolle las previsiones contenidas en
el apartado 2 del artículo 27. c)
El Decreto de 11 de marzo de 1971, sobre constitución, composición y funciones
de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo. d)
Los Títulos I y III de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, aprobados por Orden de 9 de marzo de 1971. En
lo que no se oponga a lo previsto en esta Ley, y hasta que se dicten los
Reglamentos a los que se hace referencia en el artículo 6, continuará
siendo de aplicación la regulación de las materias comprendidas en dicho
artículo que se contienen en el Título II de la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo o en otras normas que contengan previsiones específicas
sobre tales materias, así como la Orden del Ministerio de Trabajo de 16
de diciembre de 1987, que establece los modelos para la notificación de
los accidentes de trabajo. Igualmente, continuarán vigentes las disposiciones
reguladoras de los servicios médicos de empresa hasta tanto se desarrollen
reglamentariamente las previsiones de esta Ley sobre servicios de prevención.
El personal perteneciente a dichos servicios en la fecha de entrada en
vigor de esta Ley se integrará en los servicios de prevención de las correspondientes
empresas, cuando éstos se constituyan, sin perjuicio de que continúen
efectuando aquellas funciones que tuvieren atribuidas distintas de las
propias del servicio de prevención. La
presente Ley no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales sobre
prevención de riesgos profesionales en las explotaciones mineras, contenidas
en el capítulo IV del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Estatuto del Minero, y en sus normas de desarrollo,
así como las del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el Real
Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera, y sus disposiciones complementarias.
Disposición final primera. Actualización de sanciones. La
cuantía de las sanciones a que se refiere el apartado 4 del artículo 49,
podrá ser actualizada por el Gobierno a propuesta del Ministro de Trabajo
y Seguridad Social, adaptando a la misma la atribución de competencias
prevista en el apartado 1 del artículo 52, de esta Ley. Disposición final segunda. Entrada en vigor. La
presente Ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado.
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